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Fuerzas
migratorias.
Acuarela de Pedro Nel Gómez, 1934.
Casa Museo Pedro Nel Gómez, Medellín.
Desplazados por la
violencia.
Fotografía de Luis Gaitán (Lunga), 1953.
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Colombia ha
sufrido dos procesos masivos de desplazamiento forzado de población en esta segunda mitad
del siglo XX: el primero surgió como consecuencia del período de Violencia en los años
cincuenta y el segundo durante la última década bajo el fuego cruzado de las violencias
de múltiple rostro que están afectando al país hoy en día.
Como consecuencia del
período de la Violencia, Colombia pasó de ser un país eminentemente rural a un país
marcadamente urbano en menos de 25 años. La relación entre población rural y población
urbana cambió de signo de manera radical; si antes de la Violencia sólo una cuarta parte
de la población vivía en los centros urbanos, al cabo de pocos años la relación se
había invertido y sólo una cuarta parte residía en las zonas rurales. Según los
especialistas se trató de uno de los procesos de urbanización más acelerados y
traumáticos que han ocurrido en el mundo. Sin duda, el país no estaba en los años
sesenta en capacidad de absorber esta avalancha humana, lo cual contribuyó a disparar los
índices de pobreza y desocupación urbanas.
La segunda oleada de
desplazamiento forzado viene ocurriendo desde hace diez años. Todos los días en los
terminales de transporte se puede observar la triste caravana de los desplazados con sus
rostros asustados ante un futuro incierto. ¿Cuántos son? Según las cifras del
Secretario Nacional de Pastoral Social ("Desplazados por la violencia en
Colombia"), que ha realizado el único estudio serio al respecto, pueden superar con
creces el millón de personas. En muchas ocasiones se trata de viudas y de huérfanos. Si
la Violencia en los años cincuenta buscaba la homogeneización política de los
municipios bajo el enfrentamiento liberal y conservador, en la violencia actual la lógica
del control territorial y, por tanto, de la población que habita en cada una de las
regiones en disputa, conlleva la subordinación o la expulsión de los habitantes de una
región que tradicionalmente había vivido bajo dominio de otro actor armado. Tanto las
organizaciones guerrilleras como los grupos paramilitares participan de esta lógica
perversa de control territorial y poblacional, y unos y otros son una fuente directa de
desplazamiento masivo de la población campesina e incluso semi-urbana. La guerra de
aparatos que se libra en Colombia exige como condición para su supervivencia, la
subordinación mediante el terror de las poblaciones que habitan las regiones que dominan
uno u otro de los señores de la guerra.
El impacto es devastador.
Justa o injustamente, en el imaginario colectivo los desplazados son percibidos como una
fuente de criminalidad, invasión ilegal de tierras, extensión de suburbios desprovistos
de servicios públicos, desempleo y economía informal. Como consecuencia de esta visión
los desplazados no sólo son victimas de la expulsión de sus tierras y de sus comunidades
de origen, sino de un grave rechazo social en los centros urbanos en donde buscan asiento.
El desplazado es percibido como un criminal en potencia y discriminado. El doble impacto
generado por el éxodo y el rechazo es la fuente de una profunda "cultura del
desarraigo". Sin raíces, sin vínculos comunitarios, lejos de sus regiones de
origen, el desplazado constituye uno de los problemas más graves de la sociedad
colombiana a fines del milenio.
En términos comparativos,
el desplazamiento de población en Colombia en la última década es sólo equiparable a
la guerra civil en Ruanda. En esta nación del centro de Africa, la guerra civil entre las
etnias tutsis y hutus dejó más de un millón de víctimas y un poco más de dos millones
de desplazados. Con esta única excepción, el drama humanitario en Colombia supera con
creces el desplazamiento forzado en Afganistán, Bosnia-Herzegovina y Kosovo, para colocar
solo los ejemplos más dramáticos.
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