Industria salinera en Colombia. La ruta de la sal.

Por: León Soler, Natalia

Natalia León Soler, la autora del presente artículo, es historiadora de la Universidad Externado de Colombia.

 


Salina de Upin: el banco de sal y el canal, 1869. Grabado de E. Riou. Edouard André, América Pintoresca, 1869.


    Salina de Upín: el puente, 1869. Grabado de E. Riou. Adouard André, América Pintoresca , 1869.


Procesamiento de sal en Upín. IFI: Concesión salinas. Bogotá, editorial La Impresora, 1982.


Plaza de Zipaquirá, provincia de Bogotá, 1855. Acuarela de Henry Price. Colección Banco de la República. Reg. AP 4355.


"Sucesos de Zipaquirá. El informe del Secretario de Gobierno"


Vendedor del mercado de Bogotá (Débitant du marché de Bogotá), ca. 1835. Acuarela de José María Groot. Colección Museo Nacional de Colombia. Reg. 5503.


Planta de lavado y arrume en Manaure, 2000. Cortesía de María Aguilera Díaz, Banco de la República, seccional Cartagena.


Mapa de la zona de la salina de Chita, con indicación de los pueblos y lugares de los indios. Elaborado por José Miguel Vásquez, 1793. Archivo General de la Nación, mapoteca 4, ref. 131A.


Recolección de sal en charcas artesanales en Manaure, 2000. Cortesía de María Aguilera Díaz, Banco de la República, seccional Cartagena.

 

"Una princesa le declara a su padre: 'Te quiero como a la sal', y éste, ofendido, la destierra de su reino. Con el tiempo, cuando se ve privado de sal, se da cuenta de su valor y, en consecuencia, del profundo amor de su hija."

La minería en Colombia se ha dedicado, durante buena parte de su historia, a la extracción de aquellos minerales denominados preciosos tales como el oro y la plata. Con el tiempo, se sumaron los minerales metálicos como el cobre y el hierro, los de tipo combustible como el carbón y, por último, las esmeraldas. De acuerdo con su denominación en la industria minera, cada uno tiene una función que ha sido favorable para su producción y desarrollo. En este variado grupo está la sal que por su condición de no metálico, su uso en los alimentos, en la industria, en la salud y, por qué no decirlo, en los agüeros, tiene un sitial importante.

En Colombia funcionan actualmente a buen ritmo cinco salinas: las de Manaure y Galerazamba, ubicadas en la costa Caribe; Nemocón y Zipaquirá, en Cundinamarca, y Upín, en el Meta. Las dos primeras producen sal marina que se obtiene a partir de la evaporación solar del agua de mar o de un lago salado, las otras producen la sal de la explotación de la roca salina.

PANES DE SAL EN EL PERÍODO COLONIAL

La sal fue un producto comercial entre las poblaciones indígenas del país, sobre todo las que se encontraban ubicadas en la costa Caribe y las del interior. Se creó una red de caminos y lugares de encuentro entre mercados indígenas donde la sal se intercambiaba por otros productos tales como algodón, maíz, coca, conchas, oro y cerámicas. También se intercambiaba la sal marina por la terrestre, pues cada una tenía un sabor particular. 

Entre las principales rutas de la sal tenemos la del río Magdalena, camino por el que ingresó la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada y que comunicaba a los coanaos de la costa Caribe –que se ubicaban en el territorio comprendido entre el Cabo de la Vela y el Valle de Upar– con los muiscas de los Andes. En este camino el ejército de Jiménez de Quesada halló unas vasijas de sal y algunas mantas de algodón que eran de Tora de las Barrancas Bermejas. En marzo de 1537 llegaron a las tierras de Nemocón, pueblo que según el cronista Fernández de Piedrahita “llamaban de la sal por las fuentes salobres que tiene, como los de Zipaquirá, Tausa y Guachetá”. Este territorio lo bautizaron el Valle de los Alcázares, y a medida que avanzaron encontraron más panes de sal. Fue importante para los expedicionarios conocer los métodos utilizados para la explotación de la sal y, en general, entender la organización económica indígena para aprovecharla y beneficiarse de ella.

En las Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales el cronista fray Pedro Simón contó en detalle como realizaban los muiscas la preparación de los panes de sal: “La sal que hacen del agua (…) la cual cuecen en vasos de barro aposta tienen hechos para esto, que llaman ellos gachas, y no sirve más de una sola vez, porque se quedan pegadas a la sal que no puede despegarse sin quebrarla”.

En junio de 1599 se expidió una ordenanza que indicó cómo sería la explotación de las salinas en beneficio de la corona. Esta fue una de las primeras medidas tomadas durante el período colonial por parte de la Real Hacienda, y que incidieron en las salinas del altiplano y que no repercutieron en las otras que se encontraban en el territorio de la Nueva Granada. Francisco de Sande, el 5 de junio de 1599, dio instrucciones para la posesión y control de las salinas para garantizar el trabajo indígena, su producción y administración. Un año después, el licenciado Luis Henríquez, en visita a las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa, tomó la decisión de fundar alfolíes –almacenes públicos de sal– en ciudades como Santafé, Tunja, Pamplona, Honda y, especialmente, en Mariquita, pues allí se había iniciado la explotación de las minas de plata, que utilizaba su extracción bajo el sistema de amalgamación en frío que aprovechaba el beneficio de la sal.

Con el tiempo la producción y el beneficio de la sal empezaron a decaer. El capitán Francisco Beltrán de Cayzedo fue enviado a visitar y dictar ordenanzas necesarias para reanudar la producción de las salinas. Casos como la prohibición del envío de sal a los indios que vivían del pescado salado, la falta de mano de obra indígena en las minas para la elaboración de panes de sal y la escasez de leña para los hornos fueron algunos de los que Cayzedo debía evaluar. Como resultado se dispuso un nuevo control sobre la producción, distribución y pago por las arrobas de sal producidas para beneficio de las minas de plata.

Diferente fue el proceso de producción de sal en la costa Caribe. En la Guajira, el segundo lugar de mayor concentración de sal en el país, esta se daba en las lagunas naturales que se llenaban durante las épocas de marea alta. Allí, gracias al sol y al viento, el agua se evaporaba produciendo así su salinización y cristalización para ser recolectada por los indígenas. Este proceso duró hasta finales del siglo XIX en Bahía Honda y Bahía Quebrada.

 

““La cantidad de sal que se hace en Zipaquirá es tan corta […] y las lluvias tan abundantes en esta latitud, que probablemente se podría formar toda la sal de Zipaquirá de manantiales salitrosos artificiales, enriqueciéndolos a sus tiempos. Este es el método que debe observarse, por la analogía que la local de Zipaquirá guarda en su semejanza con Berchtesgaden, Hallein y Aussei” (Humboldt, 1801).”.

Informe del juez Manuel María Quijano en su visita a la salina de Zipaquirá, 1830. Colección Biblioteca Nacional de Colombia.

Para la segunda mitad del siglo XVIII, el ilustrado fiscal Moreno y Escandón realizó una visita general a las salinas de los Andes, que bajo una orden real, debía dar informe sobre su explotación. Tal fue la precisión de su informe que hacía 1778 se dictaminó trasladar a los indígenas a Nemocón con el fin de que Zipaquirá fuera exclusivamente pueblo de blancos, y para 1779 el gobierno español tomó posesión de las salinas.   

ENTRE COMUNEROS E INDEPENDENTISTAS

La noticia de la insurrección comunera llegó a las poblaciones salineras de Cundinamarca, y los pobladores de Zipaquirá a la llegada de los insurrectos se amotinó y atacó las casas del estanco de tabaco y aguardiente. Lo interesante fue que en ese mismo escenario se fraguó la traición a la firma de las capitulaciones, que bajo la autoría de Eustaquio Galavís, en la cláusula 14, “pactó una baja en el precio de la sal compactada (por el sistema de moyas) común y a 2 y 12 reales la arroba”. Esto implicó que se disminuyera a un real el precio que se había fijado. 

Las salinas fueron asunto de gran preocupación para los gobernantes coloniales. Por ejemplo, para el virrey Mendinueta (1792-1802) la salina de Zipaquirá requería mayor atención por parte del gobierno debido a la escasez de sal en todo el reino, pero fue durante su administración, y por solicitud suya, que el barón Alexander von Humboldt escribió la Memoria raciocinada de las salinas de Zipaquirá, que planteó la necesidad de mejorar el método de producción de la sal, introduciendo un sistema de galerías, además de mejoras en la elaboración de la sal y serias reformas y propuestas en la administración.

Al estallar la independencia poco se habló de las salinas, pero sí fueron escenarios de hospedaje de algunos revolucionarios. Durante el período de Francisco Montalvo (1813-1816) como administrador general de las salinas, se recibieron noticias sobre como los revolucionarios habían dejado en estado ruinoso las salinas, no dejaron herramientas para sacar la sal vigüa y, a su vez, se habían desplomado las enramadas. Estos daños generaron un costo de $875.7 reales como estimativo para sus reparaciones.

Mientras se respiraba aire independentista, entre 1816 y 1817, las propuestas de Humboldt en las salinas de Zipaquirá se pusieron en marcha. Se contrató al ingeniero Jacobo Wiesner que abrió una red de socavones (socavón Rute) para la extracción del mineral y al mismo tiempo comenzó a funcionar el caldero para la elaboración de la sal de grano. En este momento el desarrollo industrial de este sector entró en marcha y dejó a un lado el proceso autóctono.

La Gaceta de Santafé publicó en enero de 1820 la siguiente noticia:

“muy notable incremento ha tomado la mina de sal de Zipaquirá desde el restablecimiento de la república. Se han disminuido algunos empleos superfluos y se han criado otros indispensables. Se ha adoptado una economía que antes era desconocida: se empieza a cocinar la sal por el sistema impuesto por Humboldt. Esta mina y sus dependencias que bajo el régimen español no producían al tesoro público sino de $ 5.000 a $ 6.000 mensuales, ahora ha elevado su líquido producto a $ 16.000”.

REFORMAS Y CAMBIOS EN EL SIGLO XIX

Establecido el nuevo gobierno, se instauraron reformas y cambios en las salinas del país. Explotada por particulares fue un producto de gran valor y debido a las guerras civiles se suspendió, por un tiempo, su producción, lo que generó un bajo comercio y un alto contrabando. Mediante la Ley 24 de julio de 1824, durante el gobierno de Francisco de Paula Santander, la República de la Nueva Granada asumió el control y declaró propiedad del Estado todas las salinas que no estuvieran enajenadas, así el gobierno podría arrendar las instalaciones y controlar los precios de venta. Esta Ley abrió una serie de convenios sobre la administración y arrendamiento de las mismas, no exentos de problemas. Un caso particular fue el celebrado en 1834 entre el gobierno de la provincia de Bogotá, representado por Rufino Cuervo y un grupo conformado por Ignacio Morales, Vicente Azuero, Mariano Calvo y Alejandro Mac Douall, que dieron por terminado el contrato de arrendamiento de las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa. Estas últimas reconocieron la deuda consolidada de 120 mil pesos a favor del Estado, la cual estuvieron obligados a pagar y “que seguirán pagando en el transcurso del año $ 5000 pesos mensuales hasta completar los 6 mil que dejaron de pagar en 1832”. Con estos contratos se tuvieron otras rentas que aportaron beneficios al gobierno y a las salinas. 

A mediados del siglo XIX las “libranzas” eran el medio para cubrir los pagos a los elaboradores de sal y por el producto entregado. Estos giros venían de la administración de las mismas salinas o directamente por el Departamento del Tesoro. En esta época se realizó un nuevo contrato con José Joaquín Gori para la elaboración de la sal. En el contrato se dispuso vender la sal más barata para que el monopolio gubernamental siguiera operando.

Tomás Cipriano de Mosquera, a través de un decreto en 1861, autorizó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de la Nueva Granada la emisión de billetes de tesorería por 500.000 pesos con varias denominaciones, con el fin de pagar los gastos generados por la guerra civil de 1860, los cuales fueran admisibles por su valor en el pago del 50% de los derechos de importación, del 60% del valor de la sal comprada de las salinas del Estado y del 100% de los derechos de exportación. Por esta época Mosquera declaró –Decreto de junio 16 de 1862–, para el Estado del Magdalena, que la producción y fondos de las salinas marítimas, que son de propiedad nacional, aportaran para la reedificación y mejora de la ciudad de Santa Marta y al fomento de la civilización de los indígenas que habitan en el territorio.

En 1878 los estados de la unión como Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima y Cauca participaron de la renta de sales y obtuvieron libre disposición para el reclamo de su parte, que correspondía a lo utilizado en las guerras. La suma provenía de un porcentaje del producto bruto de las sales. En el libro de Alfred Hettner Viajes por los Andes colombianos: (1882-1884) , se hace referencia a la industria salinera como un monopolio del Estado, es su fuente más importante de ingresos ya que, en el caso de la salina de Zipaquirá, “la utilidad neta giraba alrededor del millón de fuertes como promedio anual en los años de 1877 a 1881, con $ 650.000 provenientes de Zipaquirá, resultados obtenidos por medio de una producción anual de 8.400.000 kilos en Zipaquirá y de 11.750.000 kilos en total, como promedios en los mismos años”.

El presidente Santiago Pérez propuso liberar el monopolio estatal de la sal, pero su mandato terminó en 1876 y su sucesor, Aquileo Parra, no se atrevió a hacer efectiva la propuesta. Solo hasta la regeneración se liberó el monopolio, especialmente el de la salina de Zipaquirá. Para finales del siglo XIX las salinas terrestres y marítimas de todo el territorio eran administradas por el Estado, y su renta provenía del monopolio que este tenía sobre ellas.

 

EL SIGLO XX Y LA CONCESIÓN SALINAS

El siglo XX representó para las salinas de Colombia su consolidación como industria. Con el tiempo se dedicó a la producción de productos químicos derivados del cloruro de sodio para las demás industrias como la farmacéutica, alimenticia y textil; a su vez industrias como la de curtiembres, jabones, vidrio y papel. En 1912 las salinas se convirtieron en bienes fiscales del Estado, establecidos por la Constitución Política de 1886 en el artículo 202, y por la Ley 110 de 1912. Esto ayudó para que en la década de 1920 se iniciara la explotación industrial de la salina de Manaure. Su administrador, de manera directa o indirecta, era el Ministerio de Hacienda. 

El Banco de la República entre 1931 y 1970, y el Instituto de Fomento Industrial, IFI, entre 1970 y 2000, se convertieron en los concesionarios del gobierno nacional para la explotación y administración de la sal. En 1931 el Banco de la República fue el nuevo administrador de las salinas en el país. En principio recibió las salinas terrestres de Zipaquirá, Nemocón, Cumaral, Upín, Sesquilé, Gachetá, Mámbita, Chameza, Recetor, Tausa, Chita y Múquene ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Meta. En 1941 recibió las marítimas de Manaure, Bahía Honda, Galerazamba, El Torno, Tasajera y Pozos Colorados de los departamentos de Bolívar, La Guajira y Magdalena. Durante treinta años se hicieron mejoras para el desarrollo industrial de las salinas, tales como la construcción de la represa de Pantano Redondo en 1934 con el fin de proveer de aguas a la extracción minera de la sal, para asegurar su abastecimiento. La construcción del complejo industrial de Betania en el municipio de Cajicá (1956), de un puerto-embarcadero en Manaure, que incluyó la ampliación de sus instalaciones, y en 1963, la construcción de la nueva planta de soda de Mamonal en Cartagena.

Al finalizar la década de 1960 con la Ley 41 de 1968 y su Decreto reglamentario 1205 de 1969, se autorizó el traspaso de la administración de las plantas de soda a título de aporte de capital al IFI, y un año después la celebración de un nuevo contrato de concesión con el gobierno nacional, el cual se llamaría IFI-Concesión Salinas, que asumió la explotación de la sal en forma directa, para luego en 1992 volverse operadores privados, con el Decreto 2818.Este contrato finalizó en 1991. Se liquidó la concesión pero autorizó la creación de una sociedad de economía mixta a nivel nacional. El IFI siguió siendo el administrador de las salinas, pero con el apoyo de firmas particulares operaría la producción de las salinas de Zipaquirá, Nemocón, Upín y Galerazamba, mientras que las marítimas, como la de Manaure, pasaría por un proceso de reclamo por parte de la comunidad indígena wayúu por los derechos de propiedad y reconocimiento del territorio heredado de sus antepasados.

La industria salinera progresa a lo largo de los años. Las principales fuentes se han mantenido y han innovado en su producción y exportación. Al igual que otros productos mineros ha tenido momentos de auge y de descenso, pero nunca ha estado en la quiebra, se mantiene vital en el mercado nacional como en el internacional.

Para más información

 

1827

Se le otorgó a la compañía de Egea y Dassti, el privilegio de explotar las minas de hierro de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.

1537

Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a las tierras de Nemocón, Zipaquirá, Tausa y Gachetá, los pueblos de la sal.

1599

Francisco de Sande, presidente de la Audiencia, dio instrucciones para la posesión y control de las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa.

1600

El licenciado Luis Henríquez instauró alfolíes (almacenes públicos de sal) al visitar las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa y los fundó en Santafé, Tunja, Pamplona, Honda y Mariquita.

1779

El gobierno español estableció la administración de las salinas.

1824

Por ley, el gobierno de Francisco de Paula Santander declaró las salinas no enajenadas propiedad de la nación.

1862

Un decreto del presidente Tomás Cipriano de Mosquera dispuso recursos de la renta de salinas para obras de mejoras en Santa Marta y ayuda para los indígenas de esa región.

1877-1881

La producción promedio anual de sal en el país era de 11.750.000 kilos anuales, de los cuales 8.400.000 provenían de la región de Zipaquira.

1920

Se inicio la explotación de sal industrial en Manaure

1932

El Banco de la República asumió la administración de las salinas terrestres (Zipaquirá, Nemocón y Sesquilé)

1941

El Banco de la República celebró un nuevo contrato con el gobierno nacional para la administración de lassalinas marítimas y terrestres.

1952

Se inició la fabricación de insumos de la planta de soda de Betanía, en cercanías de Zipaquirá.

1963

Se inició la construcción de la planta de soda de Mamonal, Cartagena.

1968

El gobierno nacional celebró un contrato de concesión con el Instituto de Fomento Industrial, IFI, para la administración, explotación y comercio de las salinas nacionales.

1991

Se liquidó el contrato entre el IFI y la nación, llamado Concesión Salinas, y se creó Alcalis de Colombia.

1994

Brinsa S.A. compró la empresa Alcalis de Colombia y se convirtió en la empresa líder en producción y comercialización de sal en Colombia.

 

BIBLIOGRAFÍA

Aguilera Díaz, María M. Salinas de Manaure: tradición way ú u y modernización. Cartagena, Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales, 2003.

Alonso, Marta Josefina. IFI: Concesión Salinas. Bogotá, La Impresora, 1982.

Groot, Ana María. Sal y poder en el altiplano de Bogotá, 1537-1640 . Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2008.

Instituto de Fomento Industrial. Manaure: concesión salinas. Bogotá, Instituto de Fomento Industrial, 1972.

Hettner, Alfred. Viaje por los Andes colombianos, 1882-1884 . Bogotá, Talleres Gráficos, Banco de la República, 1976.

Langebaek, Carl Henrik. Mercados, poblamiento e integración étnica entre los muiscas, siglo XVI. Bogotá, Banco de la República, 1987.

Pérez Arbeláez, Enrique. Alejandro de Humboldt en Colombia. Bogotá, Biblioteca Básica Colombiana, 1981.

Valbuena Wouriyu, Gustavo (comp.) Las salinas de los wayúu: procesos organizativos, acuerdos, conceptos, legislación y jurisprudencia. Bogotá, MJ Editores, 2005.

 

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