Ese día de la fiesta obrera celebrada por primera vez durante el mandato de Alfonso López Pumarejo, significó la reafirmación de la llamada Revolución en Marcha, en la cual cifró el presidente su primer gobierno (1934-1938).
Desde el balcón principal del palacio de la Carrera, después de escuchar los discursos de Roberto Botero Saldarriaga, Gerardo Molina, Gilberto Vieira y Carlos E. Silva, pronunció ante la multitudinaria manifestación de las fuerzas sindicales un discurso trascendental. "El cambio de color político en los funcionarios públicos -dijo- no es una revolución, si al cumplirse no lleva a cada nueva posición adquirida una orientación nueva, un nuevo concepto administrativo, dando por resultado una trascendental modificación en la vida pública, en determinado sentido político". Como lo hiciera saber poco después al Congreso, su revolución sería: "Un movimiento político constitucional dirigido a modificar radicalmente las bases y la organización del Estado".
El principal instrumento para su Revolución en Marcha fue la reforma constitucional, sancionada el 6 de agosto de 1936, justamente cincuenta años después que la Constitución de 1886 fuera promulgada. Como se dijo entonces, el nuevo articulado "quebró una vértebra" a la carta de Núñez y Caro. Ahora los ideólogos fueron Darío Echandía, José Joaquín Caicedo Castilla y Timoleón Moncada.
Aspecto fundamental de la reforma fue la declaración explícita según la cual las autoridades han de asegurar "el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"; a la noción del "derecho natural" se superpuso la del "deber social". Aunque se garantizó el derecho a la propiedad, se estableció que ésta es "una función social que implica obligaciones", con lo cual se abrió camino el principio de que la utilidad pública o el interés social priman sobre el interés particular. La asistencia pública es función de la Nación, el trabajo "es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado", y la huelga queda consagrada como derecho constitucional, excepto para los servicio públicos.
La reforma estableció el intervencionismo estatal: "El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho". Se reconoció la libertad de conciencia, el ejercicio de todos los cultos que no fuesen contrarios a la moral cristiana ni a las leyes, la libertad de enseñanza con la vigilancia e inspección del Estado, y el famoso principio: "La enseñanza primaria será gratuita en las escuelas del Estado y obligatoria en el grado que la ley señale".
Como primer desarrollo de la reforma, se promulgó la célebre ley 200 de 1936, o Ley de Tierras, que reafirmó el concepto de la propiedad y estableció dos formas para probarla: el registro ola destinación económica (es decir, los terrenos explotados económicamente y de manera efectiva); predios sin destinación económica revertirían al Estado en el término de diez años.
La Revolución en Marcha comportó también reformas tributarias (se estableció el concepto de "exceso de utilidades", el impuesto de patrimonio y la elevación de tarifas en forma progresiva), laborales (se reconoció oficialmente a los sindicatos) y educativas, consolidando la Universidad Nacional e iniciando la construcción de la Ciudad Universitaria.
Si el 1º de mayo de 1936 fue escenario de reafirmación de la Revolución en Marcha, poco después de aprobada la reforma, a fines de ese mismo año López Pumarejo se vería obligado a decretar una "pausa". La oposición de liberales y conservadores así lo hacía aconsejable.