Plaza, principal de Medellín, hoy parque de Berrío, hacia 1885, cuando aun conservaba su pila de agua. Acuarela de autor no identificado. Museo de Antioquia, Medellín.

Alabemos al Señor porque mandó a las aguas que bajasen por estas serranías para que beban y se laven sus criaturas; para que fertilicen sus campos y se laven sus poblaciones». Así iniciaba Tomás Carrasquilla un articulo sobre las aguas de Medellín, ciudad situada en el centro de la profunda y alargada depresión de la cordillera central que forma el estrecho valle por el cual corre de sur a norte el río Aburra, cuyo caudal se acrecienta por las aguas de numerosos riachuelos y quebradas afluentes de las montañas de oriente y occidente.

Lenta, a la vez sin interrupción fue la ocupación de este territorio. Si en un comienzo se buscó el oro, como en el resto de la provincia, pronto cobró importancia la cría de ganado vacuno y de cerda, y en lugar secundario la agricultura. Al norte, en las cercanías del río, se fueron fundando hatos tales como Hatogrande, Hatoviejo, Hatillo y el sitio de la Tasajera; hacia el centro y sur del valle se consolidaron sitios como La Culata, Ana, San Lorenzo, Envigado o Itagüí, cercanos a la desembocadura de alguna de las quebradas; sus habitantes combinaban la agricultura con la cría, para surtir a los centros mineros vecinos. Los pocos indios sobrevivientes al doble proceso de extensión, el violento de las armas y el incruento del mestizaje, se vieron confinados cada vez más al sur, en las tierras menos fértiles, para que no fueran obstáculo a la expansión de los hatos y estancias de los blancos y mestizos.

El asentamiento situado en la margen sur de la quebrada de Ana, denominada también Bocana y Santa Elena desde el siglo pasado, logró sobrepasar en número y calidad de pobladores a los demás y se constituyó en la cabecera de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, erigida en noviembre de 1675. El cabildo se ocupaba, como era lo común entonces, de los más variados menesteres, siendo dominantes los relativos al culto divino y a la preservación de los privilegios de los vecinos distinguidos, sin dejar por ello de lado los relacionados con el aseo y ornato, la apertura de caminos y la provisión de agua sacada de la quebrada «de la villa», tal como se registra a menudo en los libros de actas. Para el buen gobierno y salud de los vecinos fue necesario frenar a los mineros que enturbiaban el agua necesaria para el culto divino y el uso de los habitantes en sus casas; en otras ocasiones se hubo de prohibir el paso de las bestias por las cabeceras de la quebrada, o el lavado de ropas en su parte alta.

Los vecinos acudían al riachuelo para surtirse del agua, hasta cuando el visitador Juan Antonio Mon y Velarde, con sus autos del buen gobierno, logró la conducción «de agua limpia para beber, colocando en sus plaza una hermosa pila», inaugurada en 1789 con las ceremonias religiosas y civiles de rigor. El sueco Carl August Gosselman escribió cuatro decenios más tarde que el torrente de Bocana «cruza la ciudad y lleva el agua fresca y cristalina que llena la fuente de la plaza, para pasar por las calles de la ciudad en pequeños hilos, ayudando a la limpieza de su presentación».

Un fontanero cuidaba de la acequia y cajas de distribución para las rudimentarias tuberías de barro que abastecían la pila y las casas de algunos vecinos ricos que pagaban ese privilegio. Más con el crecimiento de la villa hacia el norte de la quebrad, la «villa nueva» donde se levantó la majestuosa catedral, se hizo necesaria la construcción de un nuevo acueducto, provisto de una gran pila de bronce en el parque de Bolívar, utilizando para ello la quebrada de Piedras Blancas. Un siglo después de inaugurada la primera pila, Medellín contaba con diecinueve fuentes públicas; para entonces, el Concejo decidía asumir el control de los muchos acueductos privados, fuente de disensiones y a la par destructores de los afluentes de la quebrada Santa Elena.

La última década del siglo XIX marcó un hito fundamental en la organización de los servicios públicos de la ciudad. A los decretos de modernización del acueducto principal, el de Santa Elena, mediante la instalación de una tubería de hierro, lo cual se lograría sólo tres decenios después, hay que agregar la inauguración en 1891 de la primera planta de teléfonos, cuya propiedad exclusiva conservó el departamento por más de veinte años, pues en 1914 la vendió a una sociedad mixta conformada por el municipio y particulares; la municipalidad adquirió la totalidad de las acciones pasados sólo tres años.

Con todo, el hecho de mayores consecuencias para el desarrollo de Medellín fue la constitución en 1895 de una sociedad mixta, la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, con aportes del departamento, del municipio y particulares acomodados. Cuando la planta de Santa Helena suministró la energía para el alumbrado eléctrico inaugurado en 1898, como «signo de progreso y necesidad de primer orden en toda ciudad civilizada, siquiera como auxilio para el buen servicio de policía», al decir del Concejo, el popular personaje apodado Marañas encarnó el orgullo colectivo al exclamar: «¡Ahora sí, Luna, a alumbrar a los pueblos!». La calidad del servicio se hizo proverbial: «¡Quién dijo que la luz de Medellín titila!» entonaban triunfales algunos de los más notables ingenieros de la región al alzar su copa de aguardiente.

La compra de la empresa de energía eléctrica, dotada de un privilegio de exclusividad para usar las aguas de Santa Helena por cuarenta años, revistió especial dificultad: por concesiones libérrimas del departamento y el municipio, se había convertido en un monopolio privado que anteponía el criterio de utilidad al de beneficio social y frenaba el progreso urbano, como decían varios concejales y empresarios, algunos de los cuales instalaron sus fábricas en municipios cercanos para disponer de sus propias fuentes de energía hidráulica. En 1918, tras engorrosas conversaciones, el municipio adquirió la totalidad de las acciones a un precio que fue reputado como excesivo.

Empresas Públicas 1920- 1955

Con ello estaban dados todos los pasos para que a comienzos de 1920, en una decisión pionera en el país, el Concejo creara las Empresas Públicas Municipales. En su larga existencia estuvieron sometidas a los naturales altibajos derivados del control ejercido por el cuerpo político. No obstante, la presencia de prestantes

ingenieros, vinculados a la Escuela de Minas, dio a su gestión un rigor técnico y permitió sustraerla en parte a los vaivenes de la política partidista, como lo ponen de presente los desarrollos en acueductos, teléfonos y especialmente en la energía.

La Empresa del Acueducto pudo, con la disponibilidad de empréstitos externos en los años veintes, tender la red de tubos metálicos, tanto más necesarios cuanto el tránsito de vehículos por las vías deterioraba los de barro; a la par se extendía a los nuevos barrios residenciales, cada vez más reiterados del centro. La población de la ciudad crecía a un ritmo elevado, quintuplicándose en 35 años. Para satisfacer la creciente demanda, no sólo residencial, sino comercial, oficial e industrial, fue necesario acudir a la riqueza de aguas de otras quebradas vecinas, pues la tradicional de Santa Elena ya era insuficiente. Entonces Piedras Blancas y la Iguana, entre las más caudalosas, fueron traídas por tubos.

En este período, el teléfono era aún considerado un servicio de lujo, por lo cual no era prioritaria su ampliación. Sin embargo, las demandas de los sectores comercial, industrial, oficial y parte del residencial forzaron su crecimiento. De los dos mil aparatos existentes hacia el año de 1920 se pasó a cinco mil de 1940; una vez concluida la segunda Guerra Mundial se aceleró el ritmo, para llegar a cerca de treinta mil en 1955. En este campo también fueron los empréstitos externos, de su proveedor la compañía Sueca Ericsson, aunados a préstamos de la banca, el comercio y la industria locales, los que facilitaron este crecimiento.

Los mayores logros se dieron en el ramo de energía eléctrica, en el cual los ingenieros defendieron con tesón la utilización de las ventajas comparativas que representaban la topografía e hidrografía regionales. La planta de Santa Elena había mostrado ser insuficiente, y para apoyarla en los períodos de verano se hizo necesario construir en 1915 una planta de vapor, alimentada por carbón; lo costoso de su operación hizo que en 1921 se diera al servicio una nueva hidroeléctrica, la de Piedras Blancas, con mil kilovatios de capacidad instalada. Con estos recursos fue dado atender la creciente demanda industrial y la de tranvía eléctrico, que ya empezaba a extender sus rieles hacia los barrios de la periferia y a algunos de los municipios vecinos. Después de unos cuatro años de trabajo fue inaugurada la primera planta en el complejo del río Guadalupe, el 12 de octubre de 1932; entonces su capacidad de diez mil kilovatios fue considerada excesiva por muchos entendidos. Entre 1938 y 1943 se añadieron tres nuevas unidades a la primera central, cada una de diez megavatios, y en 1949 se desarrolló la central de Guadalupe II.

Sin embargo, el proyecto estelar de la época fue la central de Ríogrande; toda la ciudad vibró de gozo y orgullo regionalista cuando en 1952 fueron dadas al servicio las dos primeras unidades, de 25 megavatios cada una. En su financiación, ante la precariedad de recursos externos en la postguerra, participaron ampliamente la banca local y nacional, la industria y el comercio, y en los tramos finales la totalidad de los usuarios de Medellín cuando el alcalde, el ingeniero José María Bemal, decretó un empréstito forzoso.

Las antiguas empresas municipales habían cumplido ya su ciclo y se hacía necesario avanzar hacia una cobertura regional. Al amparo de disposiciones legislativas novedosas, un acuerdo del Consejo Administrativo de la ciudad creó las Empresas Públicas de Medellín, EEPPM, como «establecimiento público autónomo encargado de la prestación de los servicios municipales de energía eléctrica, teléfonos, acueducto y alcantarillado», y las autorizó para prestar tales servicios a otros municipios, una vez satisfecha la demanda de la ciudad. El acuerdo de creación hacía explícita su autonomía, y al efecto las dotaba de una junta directiva de marcada apoliticidad, pues entre sus miembros formaban mayoría los representantes de la banca, la industria y el comercio. La Junta así conformada tenía la atribución de nombrar y remover al gerente general. Para el correcto ejercicio de sus funciones recibió como patrimonio los bienes que el municipio tenía vinculados a las empresas de energía, teléfonos, acueducto y alcantarillado, debiendo responder el nuevo establecimiento por las obligaciones y deudas de aquéllas. A su vez debía aportar una cantidad fija al municipio, sin que ello fuera óbice para que capitalizara parte significativa de sus utilidades con destino a futuros ensanches.

Entre los que se han ocupado de las claves del exitoso desempeño de las Empresas Públicas existe consenso en destacar el ejercicio de la autonomía efectiva, especialmente la presupuestal; sus administradores han logrado un clima de respeto que les ha permitido estabilidad y eficiencia en la gestión, de la que dan informes oportunos al Consejo. Aunque por disposiciones legales el alcalde nombra al gerente general desde hace dos decenios, y a pesar de que la administración municipal encuentra en las Empresas una fuente rica de recursos para otros proyectos

sociales, es tal la solidez de ellas que no ha sentido mengua en su patrimonio; por el contrario, se ha consolidado como la primera empresa de servicios en el país, «modelo de manejo administrativo», como afirmaba en fecha reciente una prestigiosa publicación económica nacional.

Con el característico orgullo regional, la entidad manifestaba recientemente: «No existen ni han existido transferencias de fondos de la Nación ni de ningún ente territorial o empresas privadas para las Empresas Públicas de Medellín»; a la vez se precia del profundo sentido de pertenencia manifestado por su personal y del constante apoyo y cariño de la comunidad que valora la oportunidad y calidad del servicio. Desde los primeros años la administración ha repetido que «el servicio más caro es el que no se presta en las condiciones debidas».

Unas cuantas cifras pueden dar idea de su alcance: el acueducto llega a T 270.000 habitantes de siete municipios del valle de Aburra, logrando en ellos una cobertura del 98.2%. La empresa garantiza al usuario que el agua que recibe en su canilla cumple las normas de los organismos de salud, pues cuenta con «el más moderno laboratorio de análisis del país por procesos, por estructura y por tecnología». El servicio de alcantarillado, que desde tiempos remotos utilizó los cauces de las quebradas vecinas y el río, al que un historiador llamara «la gran cloaca», ha tenido importantes desarrollos en los últimos años. La red cubre los mismos siete municipios del Aburra. Con todo, el programa bandera tiene que ver con el saneamiento del río Medellín, asumido como un compromiso de la generación actual con las venideras.

El ramo de la energía eléctrica permite mostrar un poderoso complejo de embalses y plantas hidroeléctricas, con el cual se abastece a 120 de los 124 municipios de Antioquia, a la vez que intercambian energía con diversas regiones del país a través de la interconexión eléctrica, mostrando así su proyección nacional. En la actualidad adelanta al construcción de un nuevo proyecto hidroeléctrico denominado Porce II, y pronto iniciará en el municipio de Nare su primer proyecto térmico de generación, utilizando para ello gas natural. Ambos estarán financiados en buena parte con recursos propios, complementados con los de crédito, cuya obtención se facilita por la imagen de la Empresa.

La empresa de teléfonos sirve a 641.563 abonados en telefonía básica, pertenecientes a todos los municipios del valle de Aburra y algunos del oriente cercano; presta tambien algunos servicios especializados, como la transmisión de datos o la red digital de servicios integrados. El servicio residencial llega al 73% de los hogares y la densidad supera los 27 teléfonos por cada 100 habitantes. A ello se suman 8.511 teléfonos de libre acceso, instalados en los lugares públicos y en los sectores de bajos ingresos.

Si bien su éxito económico indiscutible coloca a las Empresas Públicas de Medellín como el más valioso y apreciado patrimonio de la región, su balance social es igualmente notable. Baste mencionar el Programa de Habilitación de Viviendas con el cual durante 30 años ha venido aportando energía, acueducto y alcantarillado a las zonas urbanas y semirurales de Medellín y municipios vecinos, con inversiones cuantiosas y en óptimas condiciones. Así mismo, con la estructura de precios, subsidia los consumos básicos de los estratos bajos mediante transferencia de los altos y de sectores no residenciales. Encuestas recientes ratifican la gran aceptación que las Empresas Públicas han logrado en la población atendida, la cual siente el lema de la institución: «fuente vital de bienestar y progreso», como algo más que un señuelo comercial.

Ahora, en virtud de la ley de servicios públicos expedida en 1994, las Empresas encaran la necesidad de cambiar su naturaleza jurídica a más tardar a mediados del año próximo. Al contrario de lo que sucede en las otras ciudades principales del país, los dirigentes políticos y empresariales de la región, y de manera abrumadora la ciudadanía, han manifestado escaso entusiasmo por una eventual privatización, así sea sólo parcial y gradual.

Operarios de la Central de Telefonía de Medellín. Fotografía de Francisco Mejía, 1931.
Centro de Memoria Visual, FAES, Medellín.

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. Empresas Públicas de Medellín, Fuente vital de bienestar y progreso. Septiembre de 1994.

OSPINA, E. LIVARDO. Una vida, una lucha, una victoria. Monografía histórica de las Empresas y Servicios Públicos de Medellín. 1966.

TORO, CONSTANZA. «Medellín: Desarrollo urbano, 1880-1950». En: JORGE ORLANDO MELO (editor). Historia de Antioquia. 1988.