La guerrilla liberal

Por: Gómez Martínez, Eugenio


   


LA GUERRILLA LIBERAL

Por Eugenio Gómez Martínez

 

Tomado de:

Revista Credencial Historia.
(Bogotá - Colombia).
Edición 202

Octubre de 2006

La fotografía del general Alfredo Duarte Blum entendiéndose con el jefe guerrillero Guadalupe Salcedo, puede ser una de las más reproducidas de la historia contemporánea de Colombia. El primero era uno de los oficiales de confianza de Gustavo Rojas Pinilla, quien hacía no mucho tiempo, había accedido a la Presidencia de la República. El segundo mantuvo en jaque a las fuerzas militares en la región de los Llanos Orientales, hasta el punto de que algunos oficiales manifestaban que preferían ir a pelear a Corea, escenario en el que se había comprometido Colombia por obra de los gobiernos conservadores. La razón de ser de esta rara preferencia nos la explicaba el coronel Arturo España, que había estado en las dos guerras: “Nos encontrábamos preparados para una confrontación de tipo convencional, pero no para hacer frente a emboscadas y otro tipo de acciones llevados a cabo por pequeños y ágiles grupos de hombres armados que conocían el terreno como la palma de su mano”.

Razones de la entrega

El jefe rebelde, llevado al teatro en la obra Guadalupe Años Sincuenta, protagonizó acciones destacadas como la toma de Orocué y el asalto a la base aérea de Palanquero. Desmovilizado, fue asesinado (1957) durante el gobierno de la Junta Militar (1957-1958) que sucedió al régimen presidido por Rojas Pinilla (1953 a 1957). Incógnitas e hipótesis, como de costumbre, son las que hay acerca de ese asesinato.

El porqué Salcedo y otros subversivos se entregaron hay que hallarlo en las promesas que recibieron del gobierno; las amenazas de ser arrasados si seguían combatiendo; el bloqueo que afrontaban; la limitación de armas, drogas y vestuario en que se encontraban a mediados de 1953; la dificultad en coordinarse de los diferentes frentes; la situación de miseria que los golpeaba más y más; y el abandono al que llegaron por parte de los directorios políticos que antes estaban con ellos desde las urbes, según las versiones de algunos historiadores. Junto a Salcedo se entregaron otros jefes guerrilleros: Dumar Aljure, Eduardo Fonseca, Carlos Perdomo y Jorge González. Algo parecido sucedió en escenarios distintos a los Llanos: en el Tolima, en Santander y en Antioquia.
En este escenario el Jefe Supremo, como llamaban al General Presidente, se apartó de los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez (1946- 1953), que llamaban a los llaneros alzados en armas “bandoleros” (“delincuentes comunes que actuaban movidos por odios y pasiones para satisfacer sus deseos personales”), porque los denominó “guerrilleros”, es decir, delincuentes políticos.


El por qué de la lucha
Hay una extensa literatura acerca del porqué de la lucha guerrillera. Estudiosos de ella, como el profesor Gerardo Molina, aseguran que fue “un caso de legítima defensa”. Para uno de los jefes sublevados, Eduardo Franco Isaza, se trataba de seguir la huella de los “grandes caudillos populares”, como Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán o, como escribe en su obra Las guerrillas del llano: para “hacer una revolución” a nombre del Partido Liberal porque “los godos” estaban empeñados en “barrer de Colombia con todo un principio de organización y progreso de las masas”.

Con guerrillas o sin ellas, esta dolorosa etapa de la historia nacional pasó a ser llamada la Violencia, como si no hubieran seguido otras, y se sitúa entre el año de 1946, que es cuando triunfa el Partido Conservador contra el liberalismo dividido, y 1958, cuando ya el Frente Nacional había remplazado la gestión castrense (no faltan historiadores que la hacen concluir en 1953, año en que Rojas Pinilla llegó al poder). Durante esta página de “historia horripilante”, como escribe el colombianólogo estadounidense David Bushnell, murieron entre 100 y 200 mil personas. Colombia había conocido gobiernos reformistas como el de Alfonso López Pumarejo, al que se opusieron importantes sectores políticos, sobre todo el dirigido por el jefe conservador Laureano Gómez. Con la llegada a la Presidencia de Mariano Ospina Pérez y su gobierno de Unión Nacional, creyó haberse encontrado un entendimiento entre los partidos tradicionales, pero no fue así porque dicha Unión pronto terminó y el caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán se quejó de la persecución oficial, poco antes de ser ultimado en el centro de Bogotá, lo que provocó, a su vez, una violenta revuelta. La represión oficial se hizo de forma demasiado severa debido a que el gobierno empleó la fuerza no sólo recobrar el orden público, sino también para acabar con las bases sociales que tenía el liberalismo. Entre los liberales, quienes no perecieron en la represión, huyeron a la vecina Venezuela o se organizaron en forma de guerrillas. Otro tanto hicieron los comunistas, también perseguidos a muerte.


Significado de la subversión
Para los conservadores, al menos los laureanistas, el significado de esa violencia estaba en el deterioro moral y el ingreso al país de ideas disociadoras, como el marxismo. Para los liberales y la izquierda, las esperanzas de cambio social habían tenido la misma suerte que el Caudillo inmolado. Para quienes tomaron las armas en los campos, alentados inicialmente por la Dirección Liberal, la razón de ser de su lucha estaba en la rabia y frustración de lo acontecido, una vez que Ospina y luego Gómez, retomaron con fiereza la conducción nacional, después de sometidos los últimos residuos de la revuelta “nueveabrileña”.

De su parte, la Dirección Liberal adujo que el gobierno de Ospina se había vuelto ilegítimo, porque el mandatario clausuró el Congreso Nacional de mayoría contraria, en 1949. La razón de la clausura, según el vocabulario oficial, estaba en que el legislativo le había declarado la guerra civil al Presidente por su intento de anticipar las elecciones presidenciales y por los hechos violentos que tuvieron como escenario al mismo recinto congresional. De todas maneras, las elecciones presidenciales se efectuaron en junio de ese año, sin que el partido conservador tuviera contrincante, por el retiro de la candidatura de Darío Echandía, amenazado de muerte. El “ganador” sin rival tuvo que ser, nadie más y nadie menos, que el radical Laureano Gómez.

La corta gestión de quien fue el mayor adalid de la derecha (se incapacitó para seguir gobernando por razones de salud y luego fue derrocado) significó una violencia todavía mayor puesto que él interpretaba la problemática nacional como un complot que, según su dialéctica, era en parte liberal y en parte comunista, desdeñando el componente social. En efecto, Gómez encarnaba la reacción autoritaria y clerical, ésa que pretendió darle al conservatismo un poder hegemónico, que se ensañó contra los liberales, pero también contra los protestantes y los masones; la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia, si se enunciaban, eran condenadas. El Designado a la Presidencia, quien se hizo cargo de la primera magistratura, Roberto Urdaneta Arbeláez, continuó con los métodos del titular.

Más aún, el presidente Gómez, lejos de buscar el entendimiento, trató de legitimar su presencia en el poder mediante una Constitución que sería elaborada de acuerdo con el modelo español del dictador Francisco Franco. Su derrocamiento lo impidió, pero en cambio acostumbró a la nación a vivir en permanente estado de sitio, equivalente a lo que en otros países, como España, se denomina estado de guerra, consistente en la restricción de las libertades civiles. La historia enseña que esta regulación que debería ser excepcional, empleada en forma sistemática, engendra rebeldías como las de tipo armado. Como la libertad y los derechos de las personas resultan inexorablemente recortados, los gobiernos que la practican quedan, como afirman algunos tratadistas, en condiciones de “dictadura legal”. Otros juristas están convencidos de que estado de sitio crónico y régimen democrático, son incompatibles. Por eso, gobiernos como el de Gómez o Urdaneta fueron calificados de dictaduras civiles. De otro lado, la verdad es la de que a las fuerzas armadas les ayudaron, en su tarea de represión, grupos que hoy llamaríamos paramilitares, del tipo de los “pájaros” del Valle del Cauca. La policía, ahora de filiación conservadora, masacró campesinos liberales; por ejemplo, en el departamento de Boyacá; esos agentes asesinos fueron los tristemente famosos “chulavitas”, así llamados porque buena parte de ellos había nacido en la vereda de Chulavita, municipio de Boavita.

Los alzados en armas

De los jefes alzados en armas en esos años 40 y 50, los más mentados eran, aparte de Guadalupe Salcedo, Eduardo Franco Isaza, Eliseo Velásquez, Tulio Bautista y sus cuatro hermanos, Carlos Rodríguez “el pote”, Bernardo Giraldo “el tuerto”, Rafael Sandoval “failache”, Eduardo Nossa, y muy destacadamente, Dumar Aljure “el valiente”. En vísperas del advenimiento del régimen militar que negoció con ellos, el número de guerrilleros se calculaba en unos 3 mil, auxiliados por otras 2 mil personas. Si se les preguntaba porqué estaban en combate, respondían: “para entregar el poder al pueblo gaitanista”.

Los sublevados tuvieron alzas y bajas en su acción contra las fuerzas gubernamentales, las que acusaron al gobierno venezolano de ayudar a los rebeldes. De otro lado, si en un momento dado se produjo la ruptura entre la Dirección Nacional Liberal y los guerrilleros del Llano, éstos en cambio se comportaron como gobierno alterno al de Bogotá, con una Constitución que organizaba su propia administración de justicia y creaba leyes para el campesinado. En vísperas del “golpe de opinión” del general Rojas Pinilla, el movimiento subversivo expidió una ley relativa a los derechos de las gentes en general y de las mujeres en particular, y demandó que nadie quedara excluido de la toma de decisiones políticas, todo lo cual bautizó como “La revolución de los Llanos Orientales de Colombia”.

Esa “revolución” pretendía sustituir el “Estado dictatorial y violento” por un Estado “democrático y popular”.

Una vez llevada a cabo la llamada pacificación de Rojas Pinilla, los guerrilleros de los Llanos fueron amnistiados, al igual que quienes se alzaron en Antioquia y el Tolima. (También había habido resistencia armada en Boyacá, el antiguo Caldas, Cundinamarca, los Santanderes y el Valle del Cauca). De todas maneras, la Violencia significó, para quienes profundizaron en el problema, el desajuste de las instituciones fundamentales, la trasformación de las reglas en cuanto a la tenencia de la tierra y una emigración de los campos hacia las ciudades que el Estado todavía hoy no ha podido enfrentar con eficiencia. Si la población urbana en 1938, cuando finalizó la administración de Alfonso López Pumarejo, era del 31%, en 1964, ocho años después de instaurado el sistema del Frente Nacional, era del 52%.

Bueno es recordar aquí que una vez escuchadas las promesas del Jefe Supremo en el sentido de brindar “Paz, Justicia y Libertad”, fueron los guerrilleros liberales quienes le pidieron perdón por los crímenes que pudieran haber cometido desde el Bogotazo; además le solicitaron incorporar a la economía nacional esas regiones donde habían combatido y conceder a los que huyeron de la persecución oficial, la seguridad de que no serían objeto de represalias.

En el fondo se trataba de brindar los mismos derechos a todos los colombianos. El gobierno militar pactó con quienes anunciaron que se acogían a la vida civil y conminó a aquéllos que persistían en la rebelión para que depusieran las armas. Pero la desmovilización no resultó fácil, a pesar de que la propaganda oficial la presentó de modo triunfalista


A la hora de la verdad
Embriagados por la que consideraban una gran victoria del Régimen de las Fuerzas Armadas, sus propagandistas no contaron todo lo qué pasó con los desmovilizados. Estos, campesinos que regresaron a las tierras que ocuparon antaño, confiados en las promesas de Bogotá, las encontraban en manos de conservadores que, lejos de restituírselas, los expulsaban de nuevo en medio de amenazas. O sea que los reinsertados liberales no hallaron la prometida paz.
Que no fue tan completa la pacificación del régimen militar pudo comprobarse, asimismo, porque en su transcurso y según las mismas declaraciones oficiales, estaban en pie de guerra los municipios de Cabrera; Carmen de Apicalá; Cunday; Icononzo; el mismísimo Melgar, sede de una importante base militar; Pandi; y Venecia. Con el argumento de acabar con el comunismo, los altos mandos enviaron a algunas de esas localidades al Batallón Colombia, curtido en Corea, y emplearon hasta bombas de napalm. Se inició entonces otro de los terribles desplazamientos que han caracterizado al viejo conflicto armado de Colombia. El pacificador Rojas Pinilla, en 1955, destinó 252 millones de pesos a las fuerzas armadas y apenas 41 millones a la salud y 62.5 a la educación, pero en honor a la verdad, preciso es recordar que no gastó más en seguridad que lo que hicieron los ex presidentes Ospina Pérez, Gómez y Urdaneta. Dos años después de que los civiles recuperaron el poder, todavía quedaban en Colombia 43 cuadrillas de bandoleros en plena actividad con casi 500 integrantes.


Duros momentos
Aparte del 9 de abril de 1948 con todo su significado, estuvo el llamado “autogolpe de Ospina” de 1949 (cierre del Congreso) y la consiguiente abstención liberal. Parecía que la nación se encaminaba a la guerra civil, a lo cual contribuyó poderosamente la politización de la policía, que fue primero obra de la segunda administración de Alfonso López Pumarejo y que luego el conservatismo tomó muy en serio, sobre todo por parte del sector laureanista.
Otra fecha importante en este acontecer que llegó a los máximos horrores de crueldad y sevicia, fue el intento hecho a finales de 1951 para que se entendieran los partidos políticos, iniciativa de los liberales y que contó con las alas alzatista (del dirigente Gilberto Alzate Avendaño) y ospinista de la colectividad contraria, pero saboteada por quienes seguían al presidente Laureano Gómez.
A mediados de 1952 la pugna interpartidista arreció debido a los motines que tuvieron lugar en Bogotá, después del entierro de unos policías cruelmente asesinados y que se concretó en el incendio de los diarios El Tiempo y El Espectador, así como de las residencias de los dirigentes liberales Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, los cuales tuvieron que exiliarse.


Realidades
Esta primera violencia de los años 40 a los 50, predecesora de las que vendrían luego, ha sido muy estudiada por politólogos, “violentólogos”, antropólogos e historiadores nacionales y extranjeros.
Se han examinado las conductas de los actores armados; el proceso de acumulación capitalista, que en este caso tiene que ver con la apropiación de tierras del “enemigo”, argumentando razones políticas y hasta morales, lo que algunos autores de manera tal vez elemental llaman conflicto de clases; la concentración de la propiedad de las tierras; las luchas por ocuparlas de campesinos necesitados de cultivar para poder sobrevivir; los desplazamientos masivos de población; el bandolerismo social y político debido a que, a veces, tras la etiqueta política no había sino el afán de enriquecerse a costa de otros; las denominadas autodefensas campesinas, predecesoras de las futuras guerrillas; el clericalismo, es decir, la intervención de obispos y sacerdotes en política, tomando partido por uno de los sectores que se enfrentaban enconadamente.
Si las guerrillas liberales por un lado suelen ser estudiadas dentro del marco general de la violencia, justo es distinguirlas de otras guerrillas de aquel tiempo, del puro bandolerismo y, desde luego, de la represión oficial. Pero todo el conjunto de la violencia, además de lo manifestado arriba, también ha sido objeto de estudios de cariz genético (se ha llegado a afirmar que “los colombianos somos violentos por naturaleza” o que “tenemos herencias de españoles e indígenas violentos”); para los laureanistas, más tarde los alvaristas, el comunismo estuvo detrás del tremendo desajuste nacional; para los ideólogos marxistas y otros afines, las injusticias creadas por la aplicación del modelo capitalista llevaron al pueblo a adoptar posturas prerrevolucionarias que hubieran desembocado en un cambio profundo y radical, pero que quedaron truncas por la desaparición de verdaderos líderes como Gaitán y la inexistencia de conductores de semejante envergadura y así el país presenció formas de subversión limitadas o hechos de puro bandidaje.
Camilo Torres, que es conocido como “el cura guerrillero”, en sus tesis sociológicas sostuvo que Colombia vivía dentro de un molde social tradicional y que esa violencia trató de romperlo. Sin éxito, añadieron algunos. Otros expertos en el tema hallan alguna relación de esa Violencia con las guerras civiles del siglo XIX o con los conflictos agrarios que tuvieron lugar de 1925 a 1935, pero también ven diferencias, sobre todo por las formas de organizarse de los contendientes.
Germán Guzmán, uno de los autores de La violencia en Colombia, un clásico del tema, nos dijo una vez que todos los colombianos eran responsables de “la tragedia”: por acción u omisión; por haber participado directamente en ella o por insensibilidad social o apatía. Orlando Fals Borda, otro de los autores del mismo libro, insiste en la responsabilidad de la clase dirigente política, la cual incitó al pueblo a matarse entre sí mientras ella permanecía tranquila en las ciudades. Para un famoso general de los años 60 que quiso ser Presidente de la República, Alberto Ruiz Novoa, los responsables del desangre nacional fueron “los políticos”, básicamente los congresistas; no las fuerzas armadas.
Inclusive el vocabulario relativo a esa etapa de la historia nacional es objeto de análisis, distinguiendo algunos especialistas las guerrillas propiamente dichas, de la violencia en general. Si las guerrillas liberales pueden considerarse como parte de una especie de guerra civil, pero no una guerra civil en sentido pleno, anotan ciertos historiadores, la violencia en general no fue una guerra, aseguran, en parte porque afectó apenas a algunas regiones del país y no se dio una coordinación entre ellas.
Descendiendo a consideraciones más precisas, el trágico fenómeno de los 40 y 50 tuvo que ver con estas importantes realidades, ya abordadas en este trabajo, pero que es bueno resumir:
- el fin de la hegemonía conservadora en 1930, hegemonía que tuvo dos referentes principales: dictadura ideológica y represión de los opositores,
- la reacción a la modernización liberal de los años 30, más fuerte desde el triunfo conservador de 1946, teniendo en cuenta que el candidato M. Ospina Pérez fue visto como una esperanza de moderación al comienzo, pero que la abandonó después, retornando al sistema de imposición política característico de la Colombia de finales del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX,
- el recurso al régimen militar, de buena parte de las élites partidistas, en 1953, asustadas por la violencia implantada y que no comprendían del todo las tensiones sociales acumuladas en la nación durante el último cuarto de siglo,
- la tregua y desmovilización de algunos de los insurgentes durante ese régimen, pero que dejó las secuelas del bandolerismo y, sobre todo, la semilla para futuras guerrillas.

 


Septiembre 13 de 1953. Luciendo su casco de guerra, el máximo comandante de las guerrillas liberales de los Llanos, Guadalupe Salcedo Unda, hace entrega, en el sitio de Las Delicias, de su fusil ametralladora al comandante de las fuerzas militares, brigadier general Alfredo Duarte Blum.
El Tiempo – Foto de Franco.



Septiembre de 1953. Guadalupe Salcedo, máximo comandante de las guerrillas del Llano, lee la noticia sobre la entrega de armas hecha en Tauramena por Eduardo Fonseca Galán.
El Tiempo - Foto de Constantino Casasbuenas.


1949. Soldados del Ejército Colombiano. Algunos de ellos, como Eduardo Fonseca Galán (en cuclillas al pie del cañón, papel y lápiz en mano) se unieron a la guerrilla liberal, de la que Fonseca fue en los Llanos uno de los más notables comandantes.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.



1950. La violencia política de los años cincuenta, que tuvo un carácter oficial, sembró de cadáveres de liberales los campos colombianos. Aquí, campesinos asesinados cuyos cuerpos, tirados en la plaza de un pueblo, no provocan sino indiferencia burlona entre los habitantes.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.



1951. Guerrillero liberal, al que se llamó “el Cristo Campesino”, torturado y fusilado por el ejército.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.



1952. Esposa de un campesino liberal de Antioquia señala con un letrero el sitio donde cayó su marido. “Aquí acecinaron a Gregorio”.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.


1952. Dumar Aljure, comandante de la guerrilla del Llano, en Upía, imparte instrucciones a sus oficiales.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.



1952. Cuatro de los comandantes de las guerrillas del Llano. De Izquierda a derecha Luis E. Ciandúa, Libardo Rodríguez, Alfonso Guerrero (Cariño) y Guadalupe Salcedo.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.



Septiembre de 1953. Los seiscientos hombres de la columna guerrillera liberal comandada en los Llanos por Eduardo Fonseca Galán, en cumplimiento de la paz pactada con el gobierno del general Rojas Pinilla marchan hacia Tauramena para hacer entrega de sus armas, “que levantaron para luchar contra la tiranía”, según expresa el diario El Tiempo.
El Tiempo – Foto de Franco.



1953. ¿Ha llegado la paz? Los Jefes de la guerrilla liberal del Llano aceptan el llamado del presidente Rojas Pinilla. Con el general Alfredo Duarte Blum, los comandantes Guadalupe Salcedo (izquierda) y Dumar Aljure.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.



Septiembre de 1953. Tauramena. Una foto para después de la entrega. De izquierda a derecha Carlos Roa, Eduardo Fonseca Galán, Eulogio Fonseca Galán, Cosme Álvarez y Pablo Legucedo.
El Tiempo – Foto de Franco.



Octubre de 1953. Con un cálido apretón de manos sellan la paz el comandante en jefe de la guerrilla liberal del Llano, Guadalupe Salcedo, y el presidente de la República, Gustavo Rojas Pinilla.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.



Carta escrita por los comandos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Llanos Orientales, el 8 de septiembre de 1953, al presidente Rojas Pinilla, en la que expresan su “determinación sincera y espontánea de deponer las armas con decoro”. Firman: José Guadalupe Salcedo, Jorge Enrique González, Humberto Paredes, Dumar Aljure, Rafael Calderón, Marco A. Torres, José Raúl Mogollón, Ignacio González, Marco A. Parra, Laurentino Rodríguez, Jorge Chaparro, Adán Chaparro, José Vicente Perilla, Jesús Feliciano, Antonio María Rincón, representante del pueblo civil, Carlos Neira Rodríguez, representante del pueblo civil, Maximiliano Ortega, Marco A. Torres, Miguel Trujillo. Aparece en blanco la firma de Eduardo Fonseca Galán, quien se encontraba en Bogotá en el momento de suscribirse la Carta.
Foto - Banco Fotográfico Colombiano.

 
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